La causa judicial que investiga el presunto otorgamiento irregular de pensiones no contributivas por invalidez laboral en el Chaco sumó en las últimas horas un nuevo avance. En el marco de las diligencias ordenadas por la justicia federal, se concretó un allanamiento en un domicilio ubicado en calle Marcelo T. de Alvear 186, en la ciudad de Resistencia, donde fueron secuestradas dos unidades centrales de procesamiento (CPU) y documentación de relevancia para la causa. El operativo estuvo vinculado a uno de los implicados en la maniobra y fue ejecutado por personal de Investigaciones Complejas.
La investigación comenzó en la localidad de Taco Pozo, pero ya se extiende a otros municipios de la provincia, donde se sospecha que se utilizaban las pensiones como mecanismo para canalizar fondos públicos de manera discrecional, incluso como sobresueldos encubiertos para personal de las administraciones locales. Desde ANSES confirmaron que el entrecruzamiento de datos continúa en curso y que se apunta a desarticular una red que habría operado durante varias gestiones municipales, afectando directamente a los beneficiarios legítimos del sistema.
Los elementos incautados en el procedimiento serán sometidos a pericias informáticas para determinar si contienen registros o comunicaciones que confirmen el desvío sistemático de recursos. Mientras tanto, la causa avanza bajo estricta reserva judicial y no se descartan nuevas imputaciones o medidas en otras localidades. Desde el organismo previsional reiteraron su compromiso con garantizar la transparencia y recuperar los fondos utilizados de forma indebida, al tiempo que se espera una posible ampliación del expediente a nivel provincial.
