La presidenta Irene Dumrauf colocó a su hijo y su nuera con sueldos millonarios. Otros funcionarios también aprovecharon la estructura del instituto para ubicar familiares. Un esquema de poder que reproduce viejas prácticas en nombre del cambio.
El Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (INSSSEP), organismo clave en la estructura del Estado chaqueño, atraviesa una nueva polémica. Bajo la conducción de Irene Dumrauf, designada por el gobernador Leandro Zdero, el instituto parece haberse convertido en un verdadero emprendimiento familiar: su hijo y su nuera fueron incorporados en cargos jerárquicos, cobrando cada uno sueldos que superan los dos millones de pesos mensuales.
El dato, que comenzó a circular en ámbitos políticos y sindicales, generó un fuerte malestar, no solo por el monto de las remuneraciones, sino también por lo que implica en términos éticos y simbólicos. Irene Dumrauf había sido una de las principales voces críticas contra la anterior gestión, acusándola de usar al INSSSEP como “un kiosco”. Sin embargo, sus acciones parecen contradecir aquellos dichos: el organismo no solo se mantuvo como espacio de privilegio político, sino que ahora funciona con lógica de empresa familiar.
Pero Dumrauf no es la única. El vocal pasivo del directorio, Raúl Cantero, también sumó a la nómina del instituto a sus dos hijos y a su nuera. Cantero, conocido por un escándalo anterior en el que fue acusado de cobrar supuestas coimas a su propio sobrino, mantiene así su influencia dentro del organismo, reforzando una red de vínculos que se sostiene a fuerza de cargos y favores.
A la lista se suma la presidenta de la Legislatura, Carmen Delgado Britto, quien también habría logrado ubicar a su hijo en un puesto jerárquico dentro del INSSSEP. La situación no solo genera sospechas de nepotismo, sino que también pone en tela de juicio la transparencia y el profesionalismo de la administración pública en una de las cajas más importantes del Estado chaqueño.
La situación provoca un fuerte contraste con el discurso de renovación que sostiene el oficialismo. Desde la UCR y otros espacios alineados con el gobernador Zdero, se prometió un cambio en las prácticas políticas y una gestión basada en la austeridad, la meritocracia y la transparencia. Sin embargo, los hechos parecen reflejar lo contrario.
Incluso dirigentes locales del radicalismo, como un concejal de Machagai —quien semanas atrás denunciaba que “los funcionarios solo quieren acomodar a sus parientes”—, hoy se ven en la incómoda posición de justificar o silenciar prácticas que ayer señalaban con firmeza.
Mientras el INSSSEP atraviesa una crisis financiera que impacta en la calidad de las prestaciones, las decisiones de su cúpula directiva refuerzan la idea de que la prioridad no está en los jubilados ni en los trabajadores activos, sino en asegurar beneficios para un núcleo reducido de privilegiados con vínculos políticos y familiares.
El silencio del oficialismo provincial frente a estas situaciones agrava aún más el cuadro. La falta de explicaciones, sumada a la evidente contradicción entre el discurso y la práctica, pone en duda la verdadera voluntad de transformación del Estado chaqueño. La ciudadanía, cada vez más golpeada por el ajuste y la pérdida de derechos, espera algo más que promesas de cambio: exige coherencia, transparencia y responsabilidad.
