La causa por el presunto ejercicio ilegal de la medicina que tiene como principal acusada a Lidia Mabel Ojeda sumará esta semana un nuevo capítulo judicial y político.
Tal como había anticipado el bloque oficialista «Chaco Puede», los legisladores formalizarán una denuncia penal para solicitar que se reabra y revise el expediente vinculado a Ariel Rodríguez, el falso médico que ejerció en 2023 en Machagai utilizando una matrícula apócrifa.
La presentación buscará incorporar elementos que, según sostienen desde el oficialismo, podrían revelar una conexión entre ambos casos y hasta la existencia de una posible asociación ilícita destinada a actuar como profesionales de la saud dentro del sistema sanitario provincial.
Fuentes legislativas señalaron que una de las hipótesis que comenzará a analizarse es la de un eventual vínculo personal entre Rodríguez y Ojeda, además de las similitudes detectadas en las maniobras investigadas. El planteo surgió luego de que trascendieran datos sobre coincidencias en circuitos laborales, contactos y documentación vinculada a ambos.
El escrito pedirá además que se revea el archivo de actuaciones relacionadas con Rodríguez, detenido meses atrás en Córdoba luego de haber trabajado durante al menos seis meses en el hospital «Dr. Andrés Díaz y Pereyro» de Machagai utilizando presuntamente la matrícula de otro profesional. En aquel momento, las denuncias indicaban que atendía pacientes, recetaba medicamentos y ordenaba estudios clínicos sin contar con habilitación legal.
Desde el oficialismo sostienen que aquel antecedente expuso graves falencias de control dentro del sistema sanitario provincial y cuestionan la falta de avance judicial durante la gestión anterior. El diputado provincial Jorge «Pato» Gómez recordó días atrás que ya en agosto de 2022 existían denuncias formales sobre la presencia de un falso médico y aseguró que «durante meses no se hizo absolutamente nada».
Mientras tanto, la situación procesal de Ojeda comenzará a definirse hoy cuando sea conducida ante el fiscal Marcelo Soto, quien le comunicará formalmente la imputación en la causa.
Hasta el momento, la principal calificación en análisis es la de usurpación de títulos y honores y ejercicio legal de la medicina, aunque la fiscalía no descarta imputaciones vinculadas a posibles homicidios culposos o dolosos si se comprobara alguna responsabilidad en la muerte de las nueve personas cuyos certificados de defunción habrían sido firmados por Ojeda.
TRES ISLETAS
En paralelo, el oficialismo anticipó que aportará nueva documentación a la causa. Entre los elementos que se incorporarán figura material fechado en octubre de 2023 con firmas atribuidas a Ojeda donde consta la recepción de medicamentos destinados al hospital de Tres Isletas, centro asistencial donde también habría desempeñado funciones.
A ello se sumará material audiovisual y testimonios de pacientes oncológicos que aseguran haber recibido recetas y suministro de morfina por parte de la mujer ahora detenida. Ese material será incorporado al expediente para determinar el alcance real de las prácticas médicas que habría realizado sin contar con matrícula habilitante.
