El sistema de transporte público de pasajeros en el Chaco atraviesa una de sus crisis más profundas. Así lo aseguró el doctor Gustavo Larrea, secretario de FATAP y presidente de CETACH, quien afirmó que el sector “está colapsado”, confirmó que hoy no se pagan los sueldos a los choferes y advirtió que mañana podría haber paro total si no hay una respuesta inmediata del Gobierno provincial.
Larrea habló tras las graves denuncias realizadas por el exchofer Ricardo Sánchez, quien acusó a empresas del sector de haber cobrado subsidios por colectivos que no circulaban durante la gestión anterior. El dirigente empresarial rechazó de manera categórica esas afirmaciones y sostuvo que “desde 2007 en adelante es imposible cobrar subsidios de más”, debido a los mecanismos de control basados en datos objetivos.
“No se puede cobrar por colectivos que no trabajan”
Según explicó Larrea, el sistema de subsidios dejó hace años de basarse en declaraciones juradas empresariales y pasó a calcularse a partir de dos variables verificables:
- los kilómetros recorridos, registrados por el sistema SUBE,
- y la cantidad de trabajadores declarados ante AFIP, a través del formulario 931.
“Sería ridículo que una empresa invente choferes o colectivos para cobrar subsidios, porque implicaría pagar aportes, contribuciones y asumir costos altísimos”, señaló. Además, recordó que el Estado fijó un tope de tres trabajadores por unidad, y que cualquier exceso corre por cuenta del empresario.
En ese marco, negó que en Chaco se haya cobrado de más: “Nunca ocurrió, ni va a ocurrir, porque los controles son automáticos y auditables”.
Empresas en crisis y 500 trabajadores en riesgo
Más allá de la polémica por los subsidios, Larrea trazó un panorama alarmante del presente del sector. Confirmó que al menos tres grupos empresariales están en preventivo de crisis, entre ellos las UTE que integran TSM, Micro U, La Cordial, ERSA y San Fernando Urbano. En total, cerca de 500 puestos de trabajo podrían perderse si la situación no se revierte.
“Hoy las empresas no tienen recursos ni siquiera para cargar gasoil. Hay colectivos nuevos parados en las playas porque no se pueden poner en servicio”, advirtió.
Caída de pasajeros, tarifas altas y competencia desleal
Uno de los puntos centrales del diagnóstico es la fuerte caída en el uso del transporte público. Según datos oficiales citados por Larrea, en el último año la cantidad de pasajeros cayó más del 35%, y el índice de pasajeros por kilómetro pasó de 1,7 a 1,2.
El dirigente atribuyó este fenómeno a:
- aumentos tarifarios de hasta 600% en 2024,
- pérdida de poder adquisitivo de los usuarios,
- y la expansión del transporte informal, como Uber y moto-Uber.
“Hoy, en muchos casos, un Uber sale más barato que el colectivo. Y el Estado no define qué sistema quiere priorizar”, cuestionó, denunciando además la falta de controles sobre el transporte informal.
Sueldos, subsidios y paro inminente
Larrea confirmó que hoy no se pagan los salarios de los choferes y que se intenta evitar un paro mediante gestiones con la UTA y el Gobierno provincial. El sector solicita un anticipo financiero para atravesar los próximos meses, a la espera de que el impacto de las nuevas tarifas se refleje en abril.
Actualmente, el Estado provincial aporta 430 millones de pesos mensuales en subsidios, una cifra que —según Larrea— “no alcanza para cubrir la ecuación de costos”, especialmente tras aumentos del 67% en cubiertas y 72% en combustible.
“El dueño del sistema es el Estado”
Para Larrea, la responsabilidad final recae en el Gobierno: “El transporte público es un servicio público. El dueño del sistema es el Estado, y es el Estado el que debe convocar a las partes y definir una salida”.
Advirtió que, sin una decisión política clara, el sistema seguirá deteriorándose y el principal perjudicado será el usuario. “Los que deciden sobre el transporte no lo usan. La víctima siempre termina siendo la gente”, concluyó.
